Mérida, Mayo Domingo 03, 2026, 11:53 am
Por Max Bearak
Fotografías por Adriana
Loureiro Fernandez
Max Bearak reportó para
este artículo durante una semana en la capital venezolana, Caracas.
Venezuela puede parecer
un lugar de extremos discordantes.
Desde que Estados Unidos
irrumpió y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en enero, la élite del país
con conexiones políticas ha hablado de un renacimiento económico, impulsado por
las promesas estadounidenses de “desatar la prosperidad” al tomar el control de
la asediada industria petrolera de Venezuela.
Al mismo tiempo, han sido
liberados cientos de presos políticos, muchos de ellos demacrados y
traumatizados después de años de condiciones miserables en cárceles insalubres.
La mayoría tiene pánico a hablar de sus penurias por miedo a que el gobierno,
que en esencia no ha cambiado salvo por la pérdida de Maduro, vuelva por ellos.
Cientos más siguen encerrados.
Pero entre los bendecidos
y los malditos hay una brecha abismal en la que casi todos los demás
venezolanos —profesores, médicos, albañiles, vendedores ambulantes— pasan sus
días rebuscando entre los escombros de una economía arrasada. Para este amplio
sector de la población, la intervención estadounidense ha cambiado poco hasta
ahora y solo ofrece una débil perspectiva de algo mejor.
Hace poco, cuatro
profesores de política y economía se reunieron para tomar un café alrededor de
una mesa de plástico en el campus donde imparten clases, la Universidad Central
de Venezuela, en la capital, Caracas. Relataron cómo una espiral económica descendente
a lo largo de los 13 años de Maduro en el poder los había empujado a la
pobreza.
“En los últimos cinco
años, la moneda se devaluó tanto que mi salario equivalía a cuatro dólares al
mes. Es decir, se me olvidó que tenía un salario”, dijo Pedro García, de 59
años, que ahora dirige un sindicato de profesores jubilados.
Con el tiempo, contó,
canceló más clases a fin de vender comida casera a la gente que hacía fila para
conseguir combustible subvencionado en una gasolinera cerca de su apartamento.
Luego vendió la cama el congelador de su suegra, y su propia bicicleta. Su
pensión es una miseria: “No me alcanza para no morir de hambre”, dijo.
Su colega, Carlos
Hermoso, economista, se inclinó hacia delante, frunció el ceño y dijo que la
promesa de Estados Unidos de reinvertir en el país los ingresos procedentes del
petróleo venezolano que vende podría dar la ilusión de “crecimiento”, pero que sería
un “espejismo” para la gran mayoría de los venezolanos.
“No puedo creer que esté
diciendo esto, pero espero que Estados Unidos convierta a Venezuela en su
fábrica para su guerra competitiva con China”, dijo Hermoso, y se esforzó por
aclarar que nunca albergaría tal deseo si la situación no fuera tan grave. “Eso
sería un paso adelante para nosotros”.
El gobierno del
presidente Donald Trump afirma que ha comenzado a enviar millones de dólares
procedentes de las ventas de petróleo venezolano al gobierno de Caracas y que
se iba a “asegurar de que esos fondos se gasten de forma transparente y en
beneficio del pueblo venezolano”.
Sin embargo, tan solo
reconstruir la industria petrolera podría costar más de 180.000 millones de
dólares y tardar más de una década, según analistas de Rystad Energy, una
empresa de investigación, e incluso entonces el país produciría menos que en su
apogeo en la década de 1990.
El valor de la moneda
venezolana, el bolívar, ha seguido cayendo desde que Maduro fue derrocado, con
una disminución de al menos un 36 por ciento desde enero, lo que deja el
salario mínimo mensual en el pasmoso nivel de 27 centavos de dólar.
Aunque Estados Unidos ha
intervenido en la economía venezolana, no lo ha hecho como para apuntalar las
reservas de divisas en efectivo de su banco central como hizo recientemente con
Argentina.
El jueves, la líder
venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que si bien el salario mínimo seguiría
siendo el mismo, los trabajadores contarían con bonos por un total de hasta 240
dólares al mes. Estudios independientes muestran que, solo en alimentos, una familia
venezolana de cinco necesitaría por lo general 610 dólares al mes.
Las arcas públicas siguen
prácticamente vacías, y los servicios básicos como el transporte, la educación
y la salud están devastados. Casi ocho millones de venezolanos huyeron a lo
largo de los 12 años de Maduro en el poder, y muy pocos han visto suficiente
esperanza en su sustituta como para querer regresar.
Una mañana en Caricuao,
que en su día se consideró una codiciada zona residencial de Caracas, rodeada
de vegetación cerca de un zoológico, la fila para abordar autobuses
destartalados se extendía por cientos de personas. Muchos de los autobuses
estaban soldados entre sí: una cabina Dodge unida a un chasis Chevrolet.
La fila serpenteaba por
debajo de una estación del metro de la ciudad —que en su día fue considerado el
mejor de Sudamérica—, pero en todo el periodo de traslado matutino de ese día,
no llegó ni un solo tren.
A pesar de lo indigno de
la escena, había orden y calma. O tal vez era resignación.
Yelmira Jiménez,
presidenta de una asociación de conductores de autobús de la zona, dijo que las
filas siempre eran largas porque la mayoría de los vehículos se quedaban
atascados en las filas de las gasolineras. Los conductores pueden pasar días
esperando para llegar a las bombas.
Explicó que el gobierno
de Venezuela había importado 7000 autobuses chinos en 2011 y que, en 2015,
inauguró una planta de 500 millones de dólares para que una empresa china los
fabricara localmente. Pero la mala gestión y la corrupción obligaron a cerrar
la planta apenas unos años después.
Con la devaluación de la
moneda local, pocos conductores podían permitirse las reparaciones, y mucho
menos el mantenimiento regular. Los armaban de vuelta con lo que podían.
“Mira a los pasajeros
apretujados como sardinas: les han robado todos sus sueños, a pesar de que
supuestamente este es un país productor de petróleo”, dijo. “Lo único que ha
cambiado desde que se llevaron a Maduro es que me siento más cómoda hablando
con un periodista gringo”.
En los barrios
empobrecidos de las laderas que rodean Caracas, la desesperación es más aguda.
Los residentes describieron escuelas con un solo profesor para cada grupo de
edad, tiendas sin productos frescos, años dedicados a buscar trabajo sin éxito.
Los delincuentes de poca monta habían abandonado el país, según algunos
habitantes, porque ya quedaba muy poco que robar.
Según un estudio poco
común sobre la pobreza en el país realizado por la Universidad Católica Andrés
Bello en 2024, tres cuartas partes de la población carecían de ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades diarias y más de la mitad sufría lo
que el estudio denominaba “pobreza multidimensional”, que va más allá de los
ingresos para incluir la educación, la vivienda y el empleo.
En un estudio de la misma
universidad realizado una década antes, más o menos cuando Maduro asumió el
poder después de su predecesor, Hugo Chávez, ambas cifras eran aproximadamente
un 50 por ciento más bajas.
Muchos afirmaban que
veían la situación como una corrupción del legado de Chávez por parte de
Maduro. Ana Bracho solía trabajar como funcionaria de bajo rango en el gobierno
y llevaba un tatuaje con la efigie de Chávez en la muñeca. Su barrio había
apoyado con entusiasmo la revolución socialista en las décadas de 1990 y 2000.
Hace unos años, dejó su
trabajo y se borró el tatuaje para sustituirlo por uno de una flor. Dijo que
sus críticas cada vez más públicas a Maduro hicieron que los funcionarios del
partido de su barrio le impidieran acceder a los programas de asistencia social
que brindaban alimentos básicos y gas para cocinar.
“En su día, el lema era:
‘Juntos todo es posible’”, dijo Bracho. “Supongo que ‘todo’ incluía el robo y
la desnutrición. Desempleo hasta la muerte: eso es lo que tenemos”.
Los cuatro profesores
reunidos para tomar café parecían estar de acuerdo. La enorme volatilidad de la
economía, la escasez de empleos formales, la emigración masiva que se prolonga
ya más de una década; todo parecía demasiado para comprenderlo, incluso para
académicos que estudian precisamente esas mismas cuestiones. En cualquier caso,
¿quién tenía tiempo para llevar la cuenta? Todos se esforzaban por llegar a fin
de mes.
Para muchos, el sueño de
escapar de la rutina es recurrente. Nélida Salazar ha renunciado a él para sí
misma, pero lo invierte todo en su hijo menor, Santiago Jesús Díaz, de 15 años,
quien se perfila como una promesa del béisbol. Quiere ser jardinero derecho en
las Grandes Ligas.
Para poder pagar una
academia de entrenamiento, algún guante nuevo de vez en cuando y la dieta de
deportista de su hijo, Salazar ha vendido todo lo de valor que poseía. Su
marido y su hijo mayor aportan casi todo lo que ganan como agentes de policía.
Ella hace dulces en casa
y gana un par de dólares al día vendiéndolos. Cuando no puede permitirse huevos
frescos para que su hijo coma, pulveriza las cáscaras de huevo desechadas para
convertirlas en una especie de proteína en polvo. Evita abrir la nevera cuando
él está en casa porque verlo vacío la hace llorar y puede sentir que él es
consciente de la inmensa presión que tiene para triunfar.
“Cuando rezo, digo: ‘Por
favor, Dios, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo’”, dijo. “Si alguien me
dijera: ‘Ven a limpiar mi casa, limpia mis baños’, lo haría. Pero no hay
quién”.
Isayen
Herrera y María Victoria Fermín colaboraron con la reportería.