​La vialidad en nuestra entidad no es solo asfalto; es el canal que permite el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación y a la vida. El deterioro crítico de las vías troncales y locales, agravado por la falta de atención ante los desastres naturales, mantiene a comunidades enteras en un aislamiento que impide el traslado de emergencias médicas y la distribución de la producción agrícola de nuestros campos.

​A este panorama se suma el colapso de los servicios públicos. Los cortes eléctricos prolongados y la distribución deficiente de agua potable no son simples fallas técnicas; son obstáculos que degradan la dignidad humana. Sin energía no hay educación de calidad, no hay comercio próspero y no hay seguridad jurídica para el ciudadano común.

​Desde el Movimiento Dignidad Lápiz, denunciamos que vivir en condiciones de precariedad extrema no puede normalizarse. El Estado venezolano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar servicios que permitan una vida digna.

​Mérida no puede seguir esperando. Exigimos un plan de inversión real y transparente que priorice la reconstrucción de nuestras vías y la estabilización de los servicios eléctricos y de agua. El desarrollo de nuestro estado comienza por reconocer que los servicios públicos eficientes son, ante todo, un derecho humano que no admite más demoras.